En días pasados, un medio de comunicación, el periódico digital Al Calor Político que se edita en la ciudad de Xalapa, publicó la siguiente nota:

“AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL REVOCÓ CONTRATO A NL TECHNOLOGIES”

 – Empresa regiomontana modernizaría el alumbrado público a un plazo de 15 años

– Sin embargo, desde 2017, cuando Congreso autorizó dichos contratos, ya se denunciaban irregularidades.

“Al Ayuntamiento de Cerro Azul, que preside Carlos Vicente Reyes Juárez, con la autorización del Cabildo, revocó el contrato de concesión a la empresa regiomontana NL Technologies, S.A. de C.V.

 La decisión unánime de los ediles de cancelar el contrato de concesión para la modernización del alumbrado público a un plazo de 15 años, fue notificada a la empresa para que en términos del dictamen y finiquito correspondientes se liquiden las obligaciones pendientes.

Sin embargo, la falta de aceptación del acuerdo por parte del concesionario le da derecho a recurrirlo ante las instancias legales que correspondan de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

El acuerdo del Cabildo deberá notificarse al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior para los efectos legales a que haya lugar.

Cabe recordar en el año 2017, la 64 Legislatura de Veracruz, predominada por legisladores del Partido Acción Nacional, autorizó a 20 Ayuntamientos a celebrar contratos de Asociación Público Privada para prestación del servicio de alumbrado público con la empresa NL Technologies, S.A. DE C.V.

Sin embargo, algunos alcaldes electos, que hoy están en funciones, denunciaron que los contratos fueron firmados con una serie de irregularidades desventajosos para los Ayuntamientos, que había incumplimiento de los compromisos establecidos en los títulos de concesión el acuerdo y no había certeza de que las luminarias ya instaladas fueran de la calidad y especificaciones tecnológicas requeridas para que el ahorro del consumo eléctrico.

Los Ayuntamientos fueron Atzacan, Banderilla, Carlos A. Carrillo, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chalma, Chontla, Citlaltépetl, Cosamaloapan, Fortín, Gutiérrez Zamora, Ixhuacán de Los Reyes, Medellín, Ozuluama, Pánuco, Perote, Poza Rica, Tihuatlán y Tuxpan.

Incluso, el ORFIS, en la revisión de la Cuenta Pública 2017, detectó una serie de irregularidades en los contratos de concesión y el encubrimiento de la 64 Legislatura para la firma de dichos contratos.

Como se puede advertir en el texto de esta nota, son varios los ayuntamientos veracruzanos, entre otros el que usted preside, que celebraron contratos similares con la misma empresa y se ven agobiados por la enorme deuda a pagar en plazos muy largos, hasta de quince años, que les heredaron las autoridades municipales anteriores.

Si bien cada caso tiene características particulares y en consecuencia la defensa de los intereses municipales no podría ser igual para todos, en el caso del contrato de Cerro Azul se logró anularlo, lo que liberó a ese ayuntamiento de una deuda cercana a los 100 millones de pesos, muy superior a su capacidad financiera.

En este caso, fue necesario llevar acabo varias actividades para posteriormente pasar a la revocación del contrato, todo con estricto apego a la Ley. Con respeto al derecho de la empresa a defenderse ante los tribunales o buscar un acuerdo con el ayuntamiento.

La estrategia jurídica que permitió al Ayuntamiento de Cerro Azul resolver este problema la diseñamos en el Despacho Aguilar de la Llave y Asociados, S.C., por lo que ahora ponemos a su apreciable disposición el conocimiento y experiencia adquiridos en este tema que afecta, como afectó a Cerro Azul, puede afectar las finanzas de su municipio.

Este despacho que me honro en dirigir está integrado por profesionales muy conocedores de sus respectivos campos de acción, con experiencia en la administración pública y una trayectoria intachable, lo que me permite asegurar a usted que estaremos en la mejor disposición de orientarlo, en caso de ser de su interés, sobre la forma más adecuada para proceder en la defensa de los intereses de ese ayuntamiento.